MatteoDean

El presente artículo fue publicado en el portál mexicano Desinformémonos el día 1 de mayo de 2010
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Cochabamba, Bolivia. Una semana antes de la esperada Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático (CMPCC), convocada por el presidente boliviano Evo Morales, se realizó la Tercera Feria Internacional del Agua, organizada por sectores de la extinta Coordinadora del Agua que en el año 2000 condujo y ganó la llamada “Guerra del agua” en contra de la privatización del recurso en la ciudad de Cochabamba. En ese espacio se ratificó la intención de organizar otra mesa de discusión al interior de la CMPCC, pues muchos de los temas en la agenda de las organizaciones indígenas, campesinas y sociales bolivianas habían sido rechazados por los organizadores de la Conferencia oficial, por considerarlos temas “demasiado locales” como para caber en la Conferencia mundial, explicaron fuentes gubernamentales.

Los rebeldes

“¿Dónde está la práctica?”, preguntó un portavoz de los “excluidos” de la CMPCC al presentar la décimo octava mesa de trabajo, es decir la “mesa popular”, la que tuvo que reunirse afuera de la sede de la Conferencia oficial “porque adentro no nos dejaron entrar”. Sin embargo, en la que la prensa oficialista calificó como “la mesa 18” encontraron cabida todos los temas excluidos del programa oficial, es decir los conflictos socioambientales que la conferencia mundial no quiso abordar.

“El discurso (del gobierno de Bolivia) es bonito, pero no hay consecuencia en los hechos”, se dijo en la rueda de prensa que dio inicio a esta mesa de trabajo cuyos temas fueron tildados, días antes de comenzar la conferencia mundial, de “locales, fuera de contexto, inoportunos” por el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera.

Rafael Quispe, dirigente del Consejo Nacional de Ayllus en Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), explicó el primer día de actividades de la mesa: “No estamos en contra de esta Conferencia (la CMPCC), que quede bien claro…no obstante los temas que propusimos (conflictos socioambientales) no han sido aceptados como parte del programa de la CMPCC”. Y no sólo eso, explicó el indígena boliviano: “Nos han dicho ‘la mesa rebelde’, nos han tratado de satanizar”.

A pesar de lo anterior y no obstante la negación del espacio al interior de la CMPCC para instalar la décimo octava mesa de discusión, afuera de las instalaciones de la Univalle, la universidad privada que hospedó las labores de la Conferencia oficial, en una casa particular alquilada por la ocasión, la mesa 18, titulada “Derechos colectivos y derechos de la madre tierra”, llevó a cabo sus discusiones.

“No son problemas locales”

Según los integrantes de la mesa 18 en Bolivia el 80 por ciento de los ingresos son por industria extractivista: petróleo, gas y minerales. En este contexto, y tras el primer gobierno popular guiado por Evo Morales, la pregunta que más circuló fue: ¿dónde está la práctica? Es decir, ¿cómo se traduce el discurso del gobierno (boliviano) en hechos concretos?

Walberto Baraona Garnica, miembro de CONAMAQ, reconoció al “proceso” emprendido desde el gobierno de Evo Morales, pero también afirmó que se debe hablar con la verdad. Los indígenas guiamos un proceso de cambio, de respeto a la madre tierra, pero también debemos comenzar en casa a cumplir con los conflictos socioambientales.

Baraona cuenta que hubo varias reuniones con Evo Morales “quien se comprometió a escucharnos, a escuchar el verdadero pueblo que sufre, pero tras cuatro años de gobierno, tres meses de plenos poderes políticos, para los pueblos originarios no hay cambio, siguen los conflictos”. Recuerda que “Evo Morales dice: pachamama o capitalismo. Nosotros contestamos: la pachamama. Pero nos percatamos que tanto en el modelo capitalista como en (este) modelo socialista, está el modelo extractivista, desarrollista, consumista…esa forma de vida de consumo”.

Baraona Garnica insiste en que “esos dos modelos, el capitalista y el socialista, violan los derechos de la madre tierra, violan los derechos de los pueblos indígenas”. Por lo anterior, recuerda, “le dijimos a Evo Morales y se lo decimos a ustedes: ¡no seamos puro discurso, hablemos la verdad!”.
Finalmente, señala que el problema no es sólo de Bolivia: en Perú, por ejemplo, o en Colombia, ¿cuántos muertos hubo por defender su territorio? Y sentencia: “Los conflictos socioambientales no son un problema local. Los megaproyectos, por ejemplo, decididos bajo gobierno neoliberales, pero hoy impulsados con el dinero del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de los bancos privados ahí siguen; son proyectos que violan lo derechos de la madre tierra, violan los derechos de los pueblos indígenas, violan el derecho a la consulta, libre, previa e informada, no benefician a los pueblos, sino sólo al capital privado”.

La mina San Cristóbal

El primer y más sonado caso ilustrado fue el de la mina en San Cristóbal, en la región del Potosí, en el sur de Bolivia, a unos 150 kilómetros de la frontera con Chile. Aquí, desde 1995, la Empresa Minera San Cristóbal (MSC), actualmente propiedad de la japonesa Sumitomo Corporation, explota zinc, plata y plomo en las tierra desérticas de la región. Las organizaciones sociales locales, en particular la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sur (FRUTCAS) denuncia que la mina estaría consumiendo entre 42 mil y 50 mil metros cúbicos de agua subterránea para aprovisionar sus procesos mineros y otras necesidades propias.

Las comunidades que viven alrededor del proyecto de explotación minera están sumamente preocupadas por el futuro del recurso hídrico, pues los niveles de abastecimiento en la región son casi nulos, debido a la naturaleza desértica de la zona. Y si por un lado, afirman los afectados, el gobierno no ejerce ningún tipo de control acerca de la explotación acuífera (ni siquiera cobra los impuestos correspondientes), por el otro “la única información acerca del proyecto es la que proporciona la empresa misma”. Debido a lo anterior, la FRUTSAC encargó en 2009 un estudio al hidrogeólogo Robert Morgan.

En el estudio titulado Minando el agua: la mina San Cristóbal, Bolivia, el investigador afirma que las tasas tan extremas de extracción (de agua) aseguran que grandes áreas de los acuíferos locales van a ser desabastecidas por varias décadas después de que MSC concluya sus actividades. De esta manera -continúa el documento- muchos otros usuarios potenciales de agua (las comunidades locales) se verán impedidos de hacer uso de estos recursos.

Por esta razón, miles de pobladores locales se movilizaron justamente en la semana previa a la CMPCC bloqueando las instalaciones de la mina con mítines y manifestaciones. Amparados en el precepto constitucional que indica que el agua “un derecho humano fundamental”, los manifestantes han puesto “patas arriba” la región. Más de mil comuneros bloquearon las líneas del tren y la estación Abaroa en la frontera con Chile y paralizaron un convoy de vagones cargados con minerales procedente de la mina San Cristóbal.

Otros comuneros descarrilaron un vagón que contenía 22 toneladas de mineral. El viernes 16 de abril, unos días antes del inicio de la CMPCC, los manifestantes ocuparon y prendieron fuego a las oficinas de la empresa. Al mismo tiempo, decenas de camiones se encontraban varados en la frontera con Chile, tomados por las protestas. Al momento de escribir estas línea, la situación aún no se resolvía.

Desde la mesa 18 de Cochabamba se denunció las amenazas gubernamentales de intervenir contra los bloqueos utilizando la fuerza pública y se matizó: “Desde aquí, desde la mesa 18, va toda nuestra solidaridad a los hermanos de San Cristóbal que hoy viven un conflicto muy grande. Se están utilizando las aguas fósiles y el gobierno ha amenazado a los hermanos con la utilización de la fuerza pública. Y si metemos a la fuerza pública estamos haciendo lo que ya hicieron los neoliberales, los capitalistas”.

Casos como el de la mina San Cristóbal, denunciaron los integrantes de la “mesa rebelde”, son comunes y esparcidos a lo largo de todo el territorio boliviano. Por ejemplo, en los mismos días, 300 indígenas weenhayek, tapiete y guaraníes del Chaco, departamento de Tarija, protagonizaron una marcha en contra del gobierno de Morales, que autorizó operaciones petroleras en sus territorios violando su derecho a la consulta previa.

Colectivo CASA

El Colectivo de Coordinación de Acciones SocioAmbientales (CASA), integrante de la mesa 18, afirma: “El gobierno está pidiendo en el exterior que se respete a la madre tierra. Bien, qué comience en su casa”. En particular, los de CASA exigen que en la región de Oruro, en el sureste de Bolivia, “las empresas mineras dejen de contaminar nuestros ríos y nuestra agua”. La empresa minera Uanuni está actualmente contaminando el lago Popo, en la región, matando a los peces y desapareciendo nuestras plantas medicinales, porque las empresas mineras “primero llegan, se llevan todo y nos dejan en la miseria, la pobreza, la muerte…el ecosistema de Oruru está muerto”.

Orman Ajax Sannuezza Machicado comenta que “si bien se está pidiendo al mundo que se respeten los derechos de la madre tierra, en Bolivia el gobierno está vendiendo las concesiones (mineras) como pan caliente, se están sacando todos los recursos naturales, no está quedando nada para Bolivia, y nos quedamos pobres y contaminados”. En lo específico, explica que el lago Oruru y el lago Popo son parte del Convenio Ramsar, el convenio internacional, firmado en 1971 en la ciudad de Ramsar (Irán), de protección a las zonas húmedas en el mundo.

El activista de CASA añade: “Las actividades mineras en los alrededores de estos lagos está acabando con ellos: ellas extraen agua desde pozos que llegan hasta 600 metros de profundidad, la utilizan y luego, sin siquiera tratarla, la echan a los lagos”. Abunda que “si la trataran, al menos la podríamos usar para el riego de nuestras tierras, pero ni eso”. Finalmente denuncia que los pozos de sus comunidades se están secando: “No tenemos agua en nuestras comunidades, nos estamos muriendo y además las transnacionales, según la ley, están exentos de pagar los recursos que consuman, mientras nosotros, los comuneros, tenemos que pagar por nuestro modesto consumo de agua”.

Frente a esta situación, las comunidades de la región coordinadas en el Colectivo CASA se están organizando. Alvaro Fabían Rivero, de la organización Juventud Ecologista en Acción (JEA), parte de la CASA, cuenta que se ha organizado una campaña de firmas denominada ‘Por Nuestros Ríos y Lagos’ que fue también un Festival de Música. Por otro lado, los comuneros de la región también organizan mítines, marchas, manifestaciones. La movilización constante, continúan los miembros de JEA, ha sido también objeto de represión: “A los comuneros que protestan ya se les tildó de ladrones, los han acusado de querer perjudicar a la minería y por lo tanto al desarrollo del país”. Según el testimonio, las autoridades locales han levantado inclusive varias demandas en contra de los comuneros más vivibles de la protesta.

MST de Bolivia

En la mesa 18 también encontró espacio la reivindicación del Movimiento Sin Tierra de Bolivia (MST-B). Moisés Torres, secretario de relaciones internacionales de la organización, comenta que en Bolivia hay mucha pobreza y sigue la mala distribución de tierras. En Bolivia sigue existiendo el latifundio y con la nueva constitución política del país el latifundio se ha reforzado. Por lo tanto, el problema de la tierra y de las familias sin tierra va a seguir durante años todavía.

Acerca de la relación con el gobierno de Evo Morales, el dirigente del MST de Bolivia apunta que no hay en este momento indicios claros de querer atender a las familias sin tierra. El actual ministerio de desarrollo rural y tierras -continúa- ha elaborado un anteproyecto de ley de tierras en favor del latifundio, empresarial, procapitalista. Según Torres, dicha ley está siendo propuesta por el actual viceministro, Víctor Camacho y apoyada por los ejecutivos de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), aunque sea rechazada por todas las organizaciones indígenas del país.

Moisés Torres calcula que hoy en día, en Bolivia, hay al menos un millón de personas sin tierra e indica que son alrededor de 5mil familias y que actualmente ocupan cerca de diez mil hectáreas en todo el país. Por esta razón, finaliza, “desde arriba, desde el gobierno, nos consideran un dolor de cabeza, por eso tratan de dividirnos, tratan de destruirnos nada más porque no queremos apoyar al mensaje del gobierno”.

IIRSA

Otra grave amenaza tanto para Bolivia, como para todo el área de Sudamérica es la “Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamericana” (IIRSA). Según Donovan Osorio Suarez, miembro fundador de la Fundación Medioambiente y Desarrollo Alternativo para Bolivia (MADALBO), “el proyecto de IIRSA es desastroso para Bolivia y los otros países participantes”. Promovido desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con el fuerte impulso del gobierno de Brasil, el proyecto prevé la construcción carreteras como parte de los corredores bioceánicos, hidrovías en la cuenca amazónica, apertura a los monocultivos agrícolas, la construcción de represas, etcétera.

Nacido oficialmente en el año 2000 en Brasilia, durante la enésima cumbre de presidentes del subcontinente, la iniciativa tiene hasta ahora previstos 507 proyectos de construcción de infraestructuras para transportes y telecomunicaciones. Lo anterior se debería realizar con una inversión de al menos 70 mil millones de dólares, de lo cuales, a la fecha, se han ya invertido 21 mil en 145 proyectos ya echados a andar. Bolivia, en particular, estaría al centro de 4 de los 10 ejes considerados en toda la iniciativa. Hasta la fecha, 5 serían los proyectos en curso de realización, todos relativos a carreteras, por un total de 1289 millones de dólares.

Osorio Suarez denuncia que, por ejemplo, el proyecto prevé la construcción de una carretera de alto impacto que partiría en dos el Parque nacional y Territorio Indígena Isiboro-Sécure. El miembro de Madalbo denuncia que el gobierno de Evo Morales se adhirió al proyecto sin consulta alguna de las comunidades locales afectadas. Según el activista boliviano, aunque el proyecto es promovido por muchos otros países, los beneficiados finales van a ser Brasil y Chile, mientras que Bolivia, como Perú, sólo serán prestadores de servicios.

Parque Nacional Isiboro-Sécure

El Isiboro-Sécuri es un parque nacional definido como territorio indígena por la legislación boliviana y se encuentra entre el departamento de Cochabamba y el de Beni. Durante la CMPCC el tema de la violación a dicho territorio por parte del proyecto IIRSA tampoco fue abordado. A un borde de la calle que conduce a la entrada de la conferencia oficialista, una mujer indígena trinitaria tiene un grande mapa colgado de la pared que flanquea la acera. En su castellano precario, la indígena – quien no quiso ofrecer su nombre – ilustra la causa de su gente en defender su territorio de lo que define “un proyecto que no nos sirve”.

“Venimos hasta aquí porque vimos que iba a haber…”, la mirada se pierde en el cartel que tiene a su lado, en búsqueda de un nombre. Finalmente alcanza a leer y dice: “Cumbre…climática”. Continúa: “…sin embargo no nos toman en cuenta a nosotros, los pueblos trinitario, yurakaré, mojeño, chimán, que somos quienes vivimos en el parque”. Ellos denuncian ante todo la falta de respeto de la ley en defensa de la naturaleza y de los pueblos originarios; la tala ilegal sin reposición; el envenenamiento de los ríos y de la tierra con químicos; y la caza y la pesca ilegales con dinamita.

Además, explica la indígena trinitaria, “ahora nos dicen que la carretera va, pero ni hemos sido consultados, si queremos esa carretera”. Acusa al gobierno de mantener un doble discurso acerca de la defensa de la tierra y la promoción de proyectos que violan sus derechos y afirma: “No puede ser cierto que sea así”. Tajante advierte: “Nosotros no queremos esta carretera porque sino cuántos animales van a desaparecer, cuántas plantas van a morir”. Con la mano señala al cartel: “Aquí lo tenemos al tigre, al loro…ellos se van a quedar muy tristes cuando se abra la carretera en el territorio”.

Frente las miles de personas que caminan y pasan frente su instalación improvisada, la mujer trinitaria pide ser escuchada. Cuenta que en 1990 “marchamos para defender al parque y, mire, de 1990 hasta ahora se ha mantenido el territorio…y ahora quieren abrir una carretera…¿con qué necesidad? Esta carretera no nos va a beneficiar a nosotros sino a la gente de afuera, pues en nuestro territorio no hay producción en gran cantidad como para necesitar sacar algo de ahí”.

Derechos colectivos y derechos de la madre tierra

La mesa 18 trabajó durante dos días en intensas reuniones de trabajo y discusión. Fueron denunciados otros casos, como por ejemplo las actividades mineras en Corocoro, en el norte de La Paz o el caso de la mina Mutún. Se analizaron los distintos proyectos de explotación petrolera en los territorios indígenas, como en los territorios Lliquimuni, también en el norte de la Paz, o en territorio Guaraní. Se ilustraron, finalmente, los proyectos hidroeléctricos en la Amazonía con los proyectos en el Río Madera, Cachuela Esperanza y El Bala.

Tras los días de labores, la mesa 18 produjo un documento cuya redacción final fue el fruto de una larga asamblea participativa, ordenada, paciente. Se discutió cada frase, cada palabra, para que el documento final pudiera iniciar con la siguiente frase: “Esta mesa convocada por el CONAMAQ representa a los pueblos del mundo”. Al mundo entero quizás no, pero sin duda a todos los presentes en las actividades de esos dos días.

En el documento final, dejan en claro que “la mesa número 18 se constituyó como un espacio necesario de reflexión y denuncia en el marco de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, a fin de profundizar la lectura sobre los efectos locales del capitalismo industrial global”. Asimismo, no esconden su postura frente a la conferencia oficial: “Asumimos la responsabilidad de cuestionar a los regímenes latinoamericanos denominados populares y a la lógica depredadora y consumista, la lógica de la muerte del desarrollismo y del neo extractivismo”.

En esta mesa se reconoció también la existencia de un proceso transformador en Bolivia y señalaron que para garantizar que este proceso se profundice y se extienda como un ejemplo alentador a todo el continente y a los pueblos del mundo, es necesario visibilizar las contradicciones existentes, reflejadas en los conflictos socioambientales.

Finalmente, los participantes de la mesa 18 afirmaron en su documento final: “Repudiamos al imperialismo, a las transnacionales y a los gobiernos del denominado progresismo latinoamericano que impulsan proyectos de energía y mega infraestructura de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) en todos los territorios latinoamericanos –especialmente territorios indígenas y áreas protegidas– diseñados por bancos, empresarios y constructores privados con una visión neoliberal y explotadora”.